BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL 21

JURISPRUDENCIA:

Como bien se establece en el Artículo 94 Constitucional, el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito.

Además, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, el cual lo integran siete miembros de los cuales, uno es la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, quien también es Presidenta del Consejo, tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.

Así, tal y como lo prevé el propio Artículo 94, onceavo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ley se encuentran fijados los términos en los cuales es obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción; siendo el ordenamiento legal de mérito la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, en la Ley de Amparo (artículos 215, 222 al 227) se establecen tres formas para establecer jurisprudencia: por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción.

1. La jurisprudencia por precedente obligatorios se establece por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en Pleno o en Salas, y éstas se crean a partir de las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando sean tomadas por mayoría de ocho votos, o también de las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre sean tomadas por mayoría de cuatro votos.
2. La jurisprudencia por reiteración se establece por los Tribunales Colegiados de Circuito cuando sustenten, por unanimidad, un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias.
3. La jurisprudencia por contradicción se establece por el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los plenos regionales al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de sus respectivas competencias.

Las contradicciones de criterios se resuelven por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos entre sus salas; por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos entre plenos regionales o entre tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones; y por los plenos regionales cuando deban dilucidarse criterios contradictorios entre los tribunales colegiados de circuito de la región correspondiente.

Es importante resaltar que la resolución que decida la contradicción de criterios, no puede afectar las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron los criterios contendientes.

Ahora bien, en cuanto a la obligatoriedad de las jurisprudencias, el Artículo 217 de la mencionada Ley de Amparo precisa que aquellas que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas (a excepción de la propia Suprema Corte), lo que significa que cualquier juez o magistrado (impartidores de justicia), ya sea de orden federal, estatal o municipal, se encuentra obligado a acatar el criterio establecido en las referidas jurisprudencias. Es importante precisar que la jurisprudencia que establezca el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno y ninguna de las dos salas estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra.

Por lo que respecta a las jurisprudencias que establezcan los plenos regionales, éstas son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región respectiva, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales.

Y en relación con las jurisprudencias establecidas por los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito.

Por último, es de gran relevancia tener en cuenta que en ningún caso puede tener efecto retroactivo una jurisprudencia en perjuicio de persona alguna; principio de no retroactividad que se encuentra previsto en el último párrafo del Numeral 217 de la Ley de Amparo y que, respecto al alcance del mismo, desde hace varios años la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una Jurisprudencia (2a./J. 199/2016 (10a.)[1]), en la cual claramente se establecieron tres supuestos en los que, con la aplicación de una nueva jurisprudencia se puede generar un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, que impactaría de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables y conllevaría a corromper la seguridad jurídica del justiciable y la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos. 

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS:

El CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO establece la obligación del pago del Impuesto Sobre Nómina con fundamento en los siguientes artículos:

“ARTICULO 156.- Se encuentran obligadas al pago del Impuesto sobre Nóminas, las personas físicas y morales que, en la Ciudad de México, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue.”

“ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se determinará, aplicando la tasa del 3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado.”

“ARTÍCULO 159.- El Impuesto sobre Nóminas se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagará mediante declaración, que presentarán a través de los medios electrónicos que establezca la Secretaría, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente.”

 Ahora bien, aunque los contribuyentes hayan cumplido con esta obligación, en los últimos días no hemos encontrado con una campaña de fiscalización por parte de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México en la que presume, OBLIGACIONES FISCALES OMITIDAS EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS desde el año 2018 hasta la fecha, consideramos que su fundamentación no es clara ya que no puntualiza sobre qué bases realiza dicha presunción.

Para poder atender este tipo de oficios los sujetos obligados deben contar con los elementos para desvirtuar las presunciones y así poder aclarar de manera oportuna lo determinado por la autoridad.

Por otra parte existe la obligación de presentar dictamen conforme a lo que el mismo Código establece en su Artículo 58 que a la letra dice:

“ARTÍCULO 58.- Están obligadas a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos de este Código y de las reglas de carácter general que publique la Secretaría, a más tardar el 15 de enero del ejercicio siguiente al que se dictaminará, las personas físicas y morales, que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes y únicamente por cada uno de ellos:

1. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan contado con un promedio mensual de ciento cincuenta o más trabajadores; Las personas físicas y morales que no se encuentren en alguno de los supuestos señalados en las fracciones de este artículo, tendrán la opción de hacer dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.”

Si los contribuyentes que cumplieron con la obligación o de manera voluntaria, podrán bajo esa premisa aclarar la presunción de la autoridad.

NO DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA:

Una de las opciones que el fisco les da a todas aquellas personas físicas que presentan su declaración anual en tiempo y forma, es la obtención de su saldo a favor, a través de la devolución automática.

Esto porque con la sola presentación de la declaración anual se da por solicitada la devolución correspondiente, sin realizar otro trámite adicional. Únicamente las personas físicas necesitan ser titulares de una cuenta bancaria y proporcionar su CLABE, a efectos de que se les deposite el saldo a favor respectivo.

Sin embargo, las personas físicas solicitantes no deben ubicarse en ninguno de los siguientes supuestos, pues de hacerlo, es improcedente la devolución automática, que:

• haya obtenido ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión
• solicite:
  • un saldo a favor por un monto superior a 150 mil pesos
  • la devolución por ejercicios fiscales distintos al 2022
  • la devolución con base en comprobantes fiscales expedidos por contribuyentes que se encuentren dentro del listado a que se refieren los Artículos 69 o 69-B del CFF
• presente solicitud de devolución vía formato electrónico de devoluciones (FED), previo a la obtención del resultado de la declaración que hubiese ingresado a la facilidad administrativa
• presente la declaración con Contraseña y esté obligado a utilizar la e.firma o la e.firma portable
• no elija la opción de devolución
• presente la declaración después del 31 de julio de 2023
• se encuentre dentro del listado referido en los Artículos 69 o 69-B del CFF
• se hubiera cancelado el certificado emitido por el SAT, conforme al Artículo 17-H, Fracción X del CFF, o
• se encuentre como no localizado en su domicilio fiscal registrado ante el SAT, salvo que solo tenga sueldos y salarios

Esto, lo plasmó la autoridad en la “Guía de devolución automática 2022”, disponible en el portal del SAT, en el minisitio de “Declaración anual” de personas físicas 2022.

Por todo lo anterior, las personas físicas antes de realizar su solicitud de devolución automática deben verificar que no se encuentren dentro de los supuestos mencionados, pues de lo contrario, dicha devolución será rechazada y tendrá que realizar la solicitud mediante el FED.

AVISOS. RFC:

Diferencias entre lo señalado por el contribuyente y lo obtenido en sistema

De acuerdo con los Artículos 27 del CFF, así como el 29 del RLISR las personas físicas y morales deben presentar al SAT avisos sobre: cambio de denominación o razón social, cambio de régimen de capital, corrección o cambio de nombre actualización de actividades económicas y obligaciones.

Estos avisos deben comunicarse dentro de los 30 días siguientes, a aquel en que se dé la situación jurídica de hecho que corresponda.

No obstante, aquellos contribuyentes que realicen los movimientos en la página del SAT, y existan diferencias entre lo señalado por el contribuyente y lo obtenido por el sistema, pueden aplicar la Regla 2.5.8 de la RMISC 2023.

Esta regla indica que cuando los sistemas que administran los movimientos en el RFC asignen obligaciones fiscales que los contribuyentes consideren diferentes a lo establecido en las disposiciones fiscales que le son aplicables, deberán ingresar un caso de aclaración en el portal del SAT, opción Mi portal, anexando la documentación soporte que considere pertinente, para que la autoridad resuelva su aclaración por el mismo medio.

Cabe señalar que la autoridad está tardando en dar respuesta a este tipo de aclaraciones.